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HUELGA GENERAL
Este país vive un proceso acelerado
de deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, así como una pérdida creciente de derechos y
libertades. Para ello se está utilizando el instrumento de la deuda pública con
la finalidad de acabar con el estado del bienestar.
Las políticas llevadas a cabo por
el gobierno del PP
nos han conducido a esta situación de emergencia social, agravada por el
continuo alza del desempleo. Por tanto, desde el sindicalismo de clase y
alternativo no vamos a propiciar el apuntalamiento del sistema capitalista con
parches o medidas parciales, por el contrario, nos pronunciamos por la lucha y
la movilización como elementos
fundamentales de transformación social, frente a las imposiciones de la troika
(FMI, BCE y Comisión Europea) y a las políticas de los gobiernos que, de
rodillas, las asumen y nos las imponen.
Nos oponemos a la subida del IVA,
que castiga a la población, dado que sus
ingresos los destinada al consumo de alimentos básicos. Denunciamos que el
dinero destinado al rescate del sistema financiero se haga a costa de los
contribuyentes, incluso por encima de lo presupuestado para los servicios
públicos, tal como acordaron PSOE y PP con la reforma constitucional de hace un
año. Asistimos a una monumental estafa, que debería tener consecuencias de
enjuiciamiento y cárcel de los culpables de esta situación.
Desde el sindicalismo de clase y
alternativo apoyamos los procesos asamblearios y las luchas impulsadas por las
plataformas ciudadanas que defienden valores solidarios, de oposición al actual
sistema capitalista y de construcción de un nuevo modelo social, político y
económico al servicio de los intereses generales. Contra el miedo, hay que
responder con la unidad y la lucha. Consideramos imprescindible proponer, de
forma coordinada, un calendario de movilización permanente que tienda a unificar
las diversas luchas, y propuestas hechas desde los movimientos de base y sociales.
Desde el CAT exigimos la derogación
de todos los Decretos (Reformas Laborales y recortes salariales, recortes en
sanidad, en educación, servicios sociales, medidas fiscales, derechos vulnerados
de las personas inmigrantes,…) por considerar que atentan contra los derechos y
libertades de la clase trabajadora y de la sociedad en su conjunto y benefician
en exclusiva a los poderes económicos. La defensa inequívoca de los servicios
públicos es una garantía del mantenimiento de los derechos de la
ciudadanía.
